Las increibles postergaciones y dificultades para concretar un trámite tan sencillo como es el de designar a un nuevo Contralor de la República no hace sino evidenciar la conveniencia para el gobierno de turno de no contar con organismo fiscalizador alguno.
Porque resulta inaceptable tener que admitir que el oficialismo tuviera que escoger justamente a una profesional con tan frágil y cuestionable currículum como la señora Ingrid Suárez, entre tantos profesionales de transparente trayectoria y con su documentación probatoria en regla, para proponerla como la integrante de la terna que finalmente fue considerada como la candidata más próxima a asumir tan importantes responsabilidades.
La Contraloría General de la República requiere con urgencia que se le dote del conductor probo, neutral, independiente, capaz, valiente y honesto, que pueda investigar, sin temores y sin exponerse a chantajes ni a devolución de favores políticos, cuanto asunto de dudosa gestación se presente ante sus ojos.
Si los congresistas dejaran de lado cálculos políticos y arreglos bajo la mesa, hace rato habrían ya determinado otro procedimiento que agilice y posibilite la pronta designación de un Contralor idóneo, evitando de este modo caer en el juego oficialista de dilatar una elección que entorpezca y comprometa la ejecución de acciones no del todo claras y transparentes.
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