EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Pareciera existir cierta confusión -tal vez malintencionadamente provocada- en el asunto de las posibles ejecuciones extrajudiciales que se habrían registrado en contra de algunos de los terroristas que tomaron por asalto la residencia del embajador japonés en el Perú a fines de 1996, y tuvieron secuestradas a 72 personas hasta abril de 1997, cuando fueron rescatados por comandos del ejército en la denominada operación Chavín de Huantar. Intentando poner los puntos sobre las íes, cabría señalar, en primer término, que aquellos que comentan al respecto “si los ejecutaron después de haberse rendido y encontrándose inermes, está bien. Se lo merecían” tienen pleno derecho a manifestar así su rabia en contra de quienes mantuvieron en vilo a la población del país amante de la paz y la tranquilidad y encarnaron a los grupos terroristas que tiñeron de sangre y luto millares de hogares durante muchos años de barbarie terrorista. Pero eso no puede justificar una ejecución extrajudicial, y si las hubo, los responsables tienen que asumir y pagar su culpabilidad. Por otro lado, manifestarse en este último sentido no implica ser pro-terrorista, ni pro-senderista, ni, mucho menos, estar en contra de nuestro glorioso ejército ni en contra de los comandos que arriesgaron y, en algunos casos, ofrendaron sus vidas al ingresar sorpresiva y valientemente al local para rescatar a los rehenes. Es más. Ningún comando del ejército estaría implicado en este tipo de ejecuciones, de haberse estas producido. Habrían sido perpetradas -en todo caso- por elementos paramilitares que no habrían participado de la impecable operación militar del rescate de los rehenes, sino que habrían ingresado posteriormente con la expresa misión de no dejar terrorista con vida. Al presidente Fujimori debió haberle sabido a chicharrón de cebo que cuando saboreaba el crédito de haber restaurado la paz y casi acabado con la actividad terrorista durante su primer mandato se produjera esta incursión de un puñado de noveles e inexpertos sediciosos del MRTA al mando del terrorista Néstor Cerpa Cartolini. Su Central de Inteligencia al mando de su “asesor” Vladimiro Montesinos no había sido capaz de desarticular el atentado antes de que este se concrete, al parecer -según se especula- por haberse encontrado abocado a otro tipo de actividades, como fisgonear en la vida de políticos de la oposición al régimen fujimorista. Comprensible resultaría entonces su ira y sus deseos de escarmentar a quienes habían osado desafiar a su duro gobierno. Si hubo ejecuciones extrajudiciales y pretenden encubrirse, no se estaría protegiendo entonces la honorabilidad del ejército peruano ni de sus comandos -que no habrían tenido participación ni responsabilidad en tales hechos, de haberse efectivamente producido- sino al poder político detrás de ellas, que en una decisión emanada de la ira y afán de venganza, habría dispuesto que no quede títere con cabeza luego de la incursión. Y si se tuvo el coraje y fortaleza para impartir semejante disposición, debe tenerse la entereza y valentía para asumir después la responsabilidad correspondiente.